Nadie le preguntó al trabajador
Nadie le preguntó a la recepcionista de Cleveland si estaba de acuerdo en que un fondo soberano administre su futuro. Nadie le preguntó al conductor de Uber en Phoenix si prefería un impuesto al robot o un empleo. Nadie le preguntó a la maestra de primaria en Oaxaca, que lee estas noticias traducidas dos días después, si el Nuevo Pacto de la inteligencia artificial incluía un asiento para ella. Sam Altman publicó trece páginas sobre cómo reorganizar la sociedad. Las publicó un lunes. Para el martes ya eran doctrina.
El documento se llama "Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First." Trece páginas. Lo publicó OpenAI el seis de abril de dos mil veintiséis, no como artículo académico ni como memorándum interno, sino como manifiesto público. Sam Altman, el director ejecutivo de la empresa más valiosa del sector, comparó el momento actual con la Era Progresista de principios del siglo veinte y con el New Deal de los años treinta. No eligió esas comparaciones al azar. La Era Progresista nació porque el capitalismo industrial había destrozado a los trabajadores hasta que los trabajadores respondieron. El New Deal nació porque la economía colapsó y alguien tuvo que reconstruir el contrato social desde los escombros. Altman está diciendo, en voz alta, con su nombre y el membrete de su empresa, que estamos ahí otra vez.
La propuesta más radical es el Fondo Público de Riqueza. Funciona así: toda empresa de inteligencia artificial cuya capitalización de mercado supere cierto umbral estaría obligada a emitir el dos punto cinco por ciento de su valoración anual en acciones nuevas. Esas acciones alimentarían un fondo nacional. El fondo invertiría en activos diversificados, no solo en tecnología, y repartiría dividendos a cada ciudadano estadounidense. Cada uno. No solo a los que tienen corredor de bolsa. No solo a los que entienden qué es un token. La palabra que usa el documento es "universal." OpenAI, valorada en más de ochocientos mil millones de dólares tras cerrar una ronda de ciento diez mil millones, pagaría primero. Altman propone gravar a su propia empresa. Eso, al menos, merece una pausa.
Después vienen los impuestos al trabajo automatizado. El razonamiento es el siguiente: si la inteligencia artificial reemplaza trabajadores, los salarios dejan de existir. Si los salarios dejan de existir, los impuestos sobre nómina dejan de existir. Si los impuestos sobre nómina dejan de existir, el Seguro Social y Medicare se quedan sin fondos. Altman lo dice sin rodeos. Propone trasladar la base fiscal del trabajo al capital, a las ganancias corporativas y a la mano de obra automatizada. Un impuesto al robot. No como eslogan. Como arquitectura fiscal.
La semana laboral de cuatro días aparece como un "dividendo de eficiencia." La idea es que si la inteligencia artificial duplica la productividad, esa productividad no debería convertirse exclusivamente en ganancia para el accionista. Debería convertirse también en tiempo para el trabajador. Treinta y dos horas a salario completo. Altman propone que los gobiernos financien pilotos con empresas y sindicatos. Es una propuesta elegante. También es una propuesta que solo puede hacer alguien que nunca ha dependido de las horas extra para pagar la renta.
Lo que más debería inquietarnos es la sección sobre contención. El documento reconoce, con lenguaje técnico pero sin ambigüedad, que existen escenarios donde un sistema de inteligencia artificial peligroso no podrá ser retirado fácilmente porque será autónomo y capaz de replicarse. La empresa más poderosa del sector acaba de publicar un protocolo para cuando la inteligencia artificial se escape del control humano. No dijo "si." Dijo "cuando." Propone manuales de contención coordinados entre agencias gubernamentales, como si hablara de un derrame nuclear o una pandemia. Hay que leer esa sección dos veces. Hay que leerla despacio. La primera vez impresiona. La segunda vez aterra.